Reforma del Estado: Modernizar a México

Eduardo Leal Hernández

Agradezco la Colaboración de Francisco Madero Preciado
en la revisión de este artículo

“La Reforma del Estado implica: Reforma
del proceso de gobierno; Reforma del Régimen
Político y Reforma a la Constitución Política del Estado”.
Marcos Roitman

Una de las paradojas contemporáneas reside en el hecho de que los gobiernos han visto disminuida su capacidad para forjar el destino de sus naciones; pero al mismo tiempo, la Gestión Gubernamental es, en esta etapa, más importante de lo que ha sido en la historia moderna, aunque bajo condiciones y términos de referencia del todo distintos a los que normalmente se había sujetado.

Siempre hemos sido críticos de un Estado sobredimensionado e interventor que inhibe la participación de todos los sectores de la sociedad en los problemas de México, pero también reconocemos que un estado minimizado, sin claridad en sus responsabilidades, sin la capacidad material suficiente, o sin el sustento de instituciones fortalecidas, de poco sirve para promover la Reforma en todos sus sentidos y alcanzar un crecimiento sostenido, capaz de generar oportunidades reales de progreso para toda la sociedad.

Pero ¿por qué el día de hoy estamos ante la encrucijada de transformar al Estado y no como un evento que se dé sólo en México, sino en todo el contexto latinoamericano? Para entenderlo es preciso remontarnos a la década de 1970. Es en el ámbito internacional el momento de la ruptura con la forma de desarrollo social y económico que supone al Estado como factor principal de ese crecimiento. La crisis del Estado acompañada con la del petróleo produce un decrecimiento económico y un aumento del desempleo e inflación. Esto da pie a que las teorías económicas clásicas que se habían visto ocultadas por el éxito del Welfare State resurjan en toda su gloria, así como lo hacen las religiones que ocultas por un Estado represor, despiertan con toda la furia de los extremismos.

Así, la década de los 80’s, la década perdida, ya ve hacer efectiva en esta política económica llamada neoliberal, encabezada por Ronald Reagan en los Estados Unidos y Margaret Tatcher en Gran Bretaña, de coordinación de la economía a través del mercado. La crisis en Latinoamérica y particularmente en México,  encuentra hacia finales de la década una síntesis manifestada en procesos hiperinflacionarios. Un gasto que desborda al ingreso; un proteccionismo que distorsiona la competitividad de las nuevas industrias; un gasto social que subvenciona a los sectores medios en desmedro de los más pobres; una burocratización ineficaz que inhibe cualquier esfuerzo innovador; es esta crisis el último intento de ser de un Estado que bajo esa perspectiva juega en contra del desarrollo económico y se interpone al avance de la lógica de mercado.

En respuesta a la ortodoxia neoclásica que tampoco brinda respuestas satisfactorias durante esta década, surgen distintos enfoques que buscan determinar las causas de la crisis y plantear una solución para las mismas. Con mirada hacia Latinoamérica, tenemos referencia de dos enfoques: el "Consenso de Washington" y el de Crisis fiscal.

El "Consenso de Washington" puede ser tratado como el enfoque que más se aferra a la cultura liberal. Apunta a conciliar la lógica del orden económico de acuerdo a las especificidades de cada economía Latinoamericana. Encuentra entre las causas de la crisis un excesivo crecimiento del Estado, traducido en proteccionismo, modelo I.S.I., exceso de regulación y empresas estatales ineficientes y numerosas; así como un "populismo económico", definido por la incapacidad de controlar el déficit público y de mantener bajo control las demandas salariales en el sector privado y público.

Su propuesta como solución a la crisis supone dos aspectos. En primer lugar establecer la estabilidad macroeconómica. Esta se logra a través de:
a) control de la inflación: la producción se ve entorpecida si el sistema de precios se encuentra fuera de control;
b) control del déficit fiscal: es una de las causas del punto a. El Estado gasta más de lo que gana, es "benefactor";
c) equilibrio de la balanza de pagos: consiste en la reducción de la inflación y del gasto público; y
d) estabilidad del tipo de cambio: variable clave para una economía que se disponga a apuntar al sector externo y a generar confianza.

Como aspecto de la reforma estructural piensa en:
a) privatizaciones: apunta a la lógica fiscal del ahorro estatal;
b) desregulaciones: tasa de interés fluctuante, libre al mercado, a la "ley de oferta y demanda"; y
c) apertura de la economía: a ella se asocia la libre competencia que apareja el aumento de la competitividad y su consecuente mejora de calidad y precios.

El enfoque de la “Crisis Fiscal” enfrenta el problema dando mayor presencia al Estado del que le da la opción anterior. Si bien ve también una crisis en el Estado a partir de un crecimiento exagerado y distorsionado de éste, aboga por la reconstrucción de éste a partir de que al tiempo que reduce su tamaño se reconstruye como un Estado fuerte.

Según Bresser Pereira, la principal problemática de los Estados Latinoamericanos en crisis es que se vieron impedidos de su capacidad de ahorro, por lo tanto de inversión social, de infraestructura, de subsidios para el desarrollo industrial. Los cinco puntos que definen la problemática estructural son:
a) el déficit público;
b) un ahorro reducido o bien negativo;
c) una deuda pública interna y externa, acarreada de la crisis que comienza en el 70 de los Estados que sostuvieron la situación a través del crédito mientras poseyeron la confianza de los acreedores, muy grande;
d) falta de crédito e incapaz de seguir generando deuda pública interna y
e) la falta de credibilidad de los gobiernos.

Se podría resumir la causa de la crisis en el grave endeudamiento adquirido por los Estados a los efectos de financiar una estrategia "hacia adentro" en lugar de orientarla a las exportaciones.

La solución de esta postura apunta sustancialmente a la reducción de la deuda pública a través de un ajuste fiscal, sobre todo hacia aquellos que pueden pagar, y una reducción de gastos a los efectos de recuperar el ahorro del Estado. Esta recuperación se supone con una cierta prolongación en el tiempo, sin "soluciones mágicas". Por otro lado no adjudica el papel cuasi totalizante del mercado propuesto por la economía liberal, sino una economía de coordinación mixta entre Estado y mercado con una creciente orientación que vaya del mercado interno al externo. Es decir un Estado pequeño pero fuerte, con capacidad de arbitrar el avance ciego del mercado.

La parte económica es la que ha forzado al replanteamiento reciente de los estados en América Latina, y no es descabellado al analizar que las principales reformas del estado como lo conocemos actualmente fueron la keynesiana y la neoliberal. Lo cual lleva a que las estructuras tanto políticas como sociales se tengan que transformar. Pues las condiciones a las que han de someterse en los años futuros son distintas a las que les dieron origen.

Por ello es necesario definir con claridad el papel que jugará el Estado en materia económica, si será el principal promotor y motor de la economía, si se establecerá una coordinación en la que el mercado y el Estado jueguen papeles complementarios y coordinados, o si el actuar del estado será como mero regulador de la actividad económica dejando al mercado como el actor principal. Pues de ello dependerá el Estado de derecho que se deseé construir, así como las características de la administración pública.

Es importante mencionar que el caso mexicano es distinto al resto de Latinoamérica, puesto que en los países donde se ha manifestado la necesidad de un proceso de reforma del estado estos fueron construidos a la par de un proceso democratizador que les permitiese superar la etapa de las dictaduras militares y fortalecer un esquema electoral y democrático. En el caso mexicano ese proceso de apertura democrática se ha venido desarrollando desde la década de los sesenta hasta nuestros días, siendo un proceso inconcluso y perfectible.

Es esta reforma continua que permitió la apertura democrática y que hoy se refleja en un pluripartidismo en los Congresos y en la geografía electoral la que obliga a una reforma de carácter político, pues las viejas instituciones se han visto rebasadas por la realidad. Por ello repensar al Estado mexicano pasa por la reforma del poder, la cual significa un presidencialismo sujeto estrictamente a los límites constitucionales de su origen republicano y democrático; fortalecer y respetar las atribuciones del Congreso Federal; hacer del sistema de impartición de justicia una instancia independiente, de la máxima respetabilidad y certidumbre entre las instituciones de la República; un nuevo federalismo que se traduzca en nuevos métodos de administración para tener respuestas más oportunas y eficientes ante la ciudadanía. Al mismo tiempo que se sigue perfeccionando el entramado institucional que da fe y garantía de nuestros procesos electorales, el cual es un instrumento indispensable para la estabilidad del país.

Necesitamos un estado ágil, moderno, competitivo, eficaz y con claridad en sus responsabilidades y áreas de competencia, así como en el cumplimiento de las tareas indelegables que le dan contenido a su existencia y que permitirán restituir la confianza de la sociedad en sus instituciones. El aparato estatal debe ser ante todo un apoyo y no una carga para la sociedad.

Un Estado garante de la unidad nacional, que preserve y fortalezca la cohesión social, mediante la incorporación de cada uno de los sectores sociales, productivos, fuerzas políticas y sociedad organizada en su conjunto, como un colectivo, en torno a un solo Proyecto Nacional, en donde queden establecidas las relaciones de colaboración y responsabilidad del gobierno, la sociedad y el mercado. El Estado, desde el punto de vista político, es la expresión más acabada de la organización social, traducida en instituciones fuertes y duraderas.

Los términos esenciales de una verdadera Reforma Integral del Estado están en función de adecuar la responsabilidad estatal a las nuevas condiciones impuestas por el avance democrático, la globalización y los compromisos derivados de la construcción de una economía de mercado con equidad y crecimiento sostenido y sustentable y genere más y mejores oportunidades para un número mayor de mexicanos, y por esa vía fortalecer la cohesión social.

Sin embargo ninguno de estos cambios es posible sin que el actor fundamental de nuestro país cambie, el mexicano. Y la única forma de realizar una reforma en la sociedad mexicana es a través de la educación, por ello la reforma del Estado también pasa por las aulas. Sin un verdadero proyecto educativo que permita una formación integral de ciudadanos cualquier cambio en lo político será estéril, pues no contará con una base social que lo soporte y lo desarrolle.

No obstante, ninguna reforma deberá ser aislada, pues el contar con una buena formación académica solo se puede ver complementada con la generación de empleos para todos aquellos egresados que buscan sumarse a la población económicamente activa. Esto perse hace urgente una reforma al sistema laboral, que en lugar de dejar a miles de jóvenes desempleados o subempleados, les permita tener una oportunidad en el campo de trabajo para el cual se prepararon.

Por todo ello es inevitable la concatenación de las más diversas reformas, aún cuando estas se presenten de forma aislada e independiente, todas ellas forman parte de un mismo proceso, el repensar al Estado mexicano. Siendo no solo tarea del legislativo federal ni del ejecutivo, sino de cada uno de los actores políticos, económicos y sociales de nuestro país.

Para ello es preciso también encontrar los equilibrios entre sociedad y Estado. Pues es la acción de uno y de otro de estos elementos el que permite la modernización de nuestro país, tanto en el quehacer político como en la actividad económica.

Análisis y Estudios - Actores e Instituciones políticas